Carlos Vital volvió a casa del trabajo, abrió la puerta y detrás de ella encontró a un desconocido. Notó que sus cajones estaban abiertos y sus cosas tiradas; había una maleta en el piso con su ropa y sus computadoras. En lugar de llamar a la policía, decidió dar al invasor el castigo que consideró justo. Golpeó al hombre y filmó la agresión. “Acabo de encontrar a este hijo de puta adentro de mi casa”, dice el video.
Hartos del sistema
El artículo 17 de la Constitución Política Mexicana establece que ninguna persona “podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Es decir, que la capacidad de impartir justicia recae en el Estado y en las instituciones gubernamentales que se encargan de brindar seguridad.
Por la llamada de un vecino, las autoridades acudieron para arrestar al delincuente de la casa de Carlos Vital, bartender en Playa del Carmen, Quintana Roo. El siguiente paso era comenzar el proceso legal.
Horas más tarde, Carlos subió un nuevo video:
En México, sólo siete de cada 100 delitos son denunciados a las autoridades, según el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), como producto de la desconfianza que la gente tiene hacia el Estado, ya que sólo se castiga el uno por ciento de los ilícitos con acusaciones interpuestas.
Carlos decidió no presentar una denuncia en contra del hombre que ingresó a su propiedad por recomendación del Ministerio Público. Sin embargo, en el mes de febrero de 2017 en México, en promedio, cada 6 minutos y 30 segundos se abrió una carpeta de investigación por robo a casa habitación, de acuerdo con el reporte sobre delitos de alto impacto, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ante la ineficiencia de actores institucionales, como la policía, para garantizar seguridad y justicia a víctimas de delitos, “justicieros” individuales deciden ejercer violencia directa y castigar a presuntos delincuentes, como consideran conveniente sin permitir que antes se les realice un juicio, como lo marca la ley.
No es justicia
Llamar “justicia” a estos casos de violencia tiene que ver con que los vigilantes actúan pensando en que hay “argumentos mayores” que los cobijan, pues en su actuar están haciendo un servicio o un bien a la sociedad.
En palabras de la antropóloga Elisa Godínez, “asumen un rol de castigo para poner orden que las autoridades no están poniendo”.
La justicia por mano propia y la defensa legítima son actos espontáneos, separados por una línea muy delgada llamada “grado de indefensión”. Este concepto, divide una situación que se encuentra al margen de la ley y otra que es protegida, y hasta avalada, por las autoridades que mantienen el orden.
En estas situaciones, sean en forma de linchamientos o en actos individuales, los delincuentes asumen el papel de víctimas y las víctimas se convierten en victimarios. En el caso concreto de los linchamientos, por ejemplo, el objetivo de un castigo colectivo no es entregar a la persona a las autoridades sino causarle daño.
Patricia González, doctora en Derecho e Investigadora de la UNAM, explica que es natural en el ser humano querer defender sus bienes, incluso las del prójimo, ante agresiones de asaltantes. Se trata de defensa legítima cuando se responde ante una agresión que pone en riesgo la vida y la integridad de un individuo.
En los casos individuales, cuando una persona es asaltada o amenazada ya sea en un camión o en la calle, encontrándose en una situación fuera de lo común, su “grado de indefensión” es prácticamente evidente y el ciudadano tiene la facultad de defenderse; autorización que otorgan las instituciones que imparten la ley.
La línea de defensa legítima se cruza cuando el individuo deja atrás su intención de proteger su integridad y sus bienes. El “justiciero”, motivado por sus emociones y su hartazgo social, pretende perjudicar a su agresor, como una especie de escarmiento o incluso con la intención de matarlo.
Este fenómeno es provocado por la forma en la que el Estado no atiende los problemas que ocurren en relación a la delincuencia, así como por el hartazgo ante la impunidad y la falta de justicia, dentro de un contexto de permanente inseguridad y altos niveles de criminalidad.
“Me asaltaron tantas veces en el Estado de México que nunca tuve la oportunidad de tener desquitar lo que me pasaba y esta vez fue la oportunidad perfecta”, explica Carlos mientras hace un recuento de situaciones que vivió en uno de los municipios más violentos del país.
El vigilantismo incluye la violencia de los ciudadanos contra las autoridades, por ejemplo, las agresiones a policías, así como la que ejercen los vengadores anónimos conocidos como “justicieros” contra otros ciudadanos que presuntamente cometen delitos y los grupos paramilitares que se hacen cargo de las funciones de resguardo sin estar formalmente integrados al Estado.
Otra forma de vigilantismo son los linchamientos, los cuales son una forma de uso de la violencia en la que se busca imponer un castigo físico multitudinario bajo el pretexto de ejercer justicia que el Estado no provee, define Godínez.
Aunque los linchamientos colectivos tienen una larga tradición en México, es un fenómeno que se ha incrementado en décadas recientes, sobre todo en la zona centro de la República que integra al Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.
Así lo llamaron en la prensa
Los medios de comunicación difundieron el caso de Carlos en menos de 24 horas. En los titulares y primeros párrafos se manifestaba la aprobación, o al menos intención de los medios de sólo mostrarlo como el afectado. Por ejemplo: “Hombre da paliza a ladrón y policías lo amenazan”, se titula la nota del caso publicada por El Gráfico.
El psicólogo Benjamín Domínguez coincide con Marco Lara Klahr en que:
la difusión constante de noticias sobre hechos de violencia provoca que las personas estén más alertas a la inseguridad.
Las voces de los expertos refuerzan las estadísticas: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia (ENVIPE), la impresión sobre la inseguridad a nivel nacional es de 73.3 puntos.
Para evitar la banalización de la violencia, el periodista propone que los medios adquieran una noción de responsabilidad social con perspectiva de derechos humanos para que no se criminalice a las personas. Además, exhorta al público a ser más exigente en los contenidos que le ofrecen.
“Recibí cientos de mensajes de todas partes de México, algunas del extranjero, y la gran mayoría era de apoyo y algunas pocas de gente que no lo aprobaba. Ahora ya soy un pinche meme viviente y ya no puedo con eso”, concluye el bartender Carlos Vital.
¿UN MUNDO DE JUSTICIEROS?
“ Violencia, tortura y muerte se han instalado como hechos normales en detrimento de la vida y el respeto a los derechos humanos; se asume que quien muere en condiciones violentas es un criminal y por lo tanto merece ese final”
Elisa Godínez
Politóloga
Vigilantes
Justicieros a bordo
Durante la madrugada del 1 de noviembre de 2016, en la parada San Pedro Tultepec, cuatro personas abordaron un autobús que circulaba por la carretera Toluca-México. Se hicieron pasar por pasajeros para luego robar teléfonos y carteras a quienes se encontraban en el vehículo.
El desconocido, denominado en los medios de comunicación como “El justiciero de La Marquesa”, devolvió las pertenencias a los pasajeros del autobús de la empresa Flecha Roja y emprendió la huida. Ninguna de las personas a bordo, incluido el chofer del vehículo, lo delataron. En los últimos meses, el fenómeno del vigilantismo se ha manifestado con los “justicieros” como protagonistas.
En febrero de 2017, se abrieron 16 mil 532 carpetas de investigación por robos con violencia, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades con más casos de robos con violencia fueron el Estado de México con 4 mil 225, la Ciudad de México con mil 842, Jalisco con mil 154 y Baja California mil 100, acumulando el 50.33 por ciento del total nacional.
Los asaltos en el transporte público han incrementado los casos en los que un pasajero de un camión o de una combi ataca, y en ocasiones asesina, a personas que presuntamente intentan hurtar las pertenencias de quienes van a bordo.
Los altos índices delictivos propician que cualquier ciudadano común decida defenderse de la forma que sea, afirma Benjamín Domínguez doctor en Psicología con enfoque en derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Una persona durante 20 años de su vida puede ser muy respetuosa de la integridad de otras personas, no las lastima, no las ofende, pero si llega a ciertas circunstancias propiciatorias, puede lastimar a otros”, explica Domínguez.
Carlos, el bartender de 23 años, además de ser víctima de múltiples asaltos cuando vivió en Ecatepec también observó casos en las que personas respondían a estas situaciones de peligro. Cuenta que incluso le tocó ver cómo una bala atravesaba el cuerpo de un asaltante.
El incremento de los llamados justicieros responde, en parte, a la falta de confianza en las autoridades. La cifra negra del delito a nivel nacional es de 93.7 por ciento, es decir, por cada 100 delitos, más de 93 no llegan a registrarse en el sistema estadístico oficial, de acuerdo con la ENVIPE.
“La ineficacia de las autoridades, los nulos resultados que tienen las fiscalías, los policías, los jueces, han generado un fuerte resentimiento social y una desconfianza absoluta en la autoridad para resolver problemas de violencia”, dice doctora Patricia González.
Benjamín Domínguez explica que la confianza en el otro es un aspecto fundamental para replantear el significado de la justicia y las expresiones sociales alrededor de ésta:
El psicólogo afirma que lo que podría seguir a estos justicieros es que se convierta ya no en uno, ni en linchamientos, sino en movimientos de toma de justicia por propia mano organizados y considera fundamental recuperar la confianza desde las esferas sociales más cercanas, como en conocidos, familiares y amigos para poder llevarlo a escalas sociales más grandes, como las autoridades o instituciones.
De acuerdo con el psicólogo, la interacción social, la cercanía con los familiares, la convivencia tradicional con vecinos y conocidos no lo inventó nadie, sino que es algo que tenemos todos nosotros y que tenemos que seguir conservando porque es una herramienta cultural contra las amenazas que van creciendo.
Si bien la justicia por mano propia es una problemática que muta según el escenario y los actores, que crece de forma escalonada y que ha visibilizado los altos índices de violencia, la constante percepción de inseguridad y el incongruente accionar de las instituciones oficiales, algo queda claro: las capas que envuelven este fenómeno brumoso y complejo no se pueden tratar únicamente desde el derecho, sino desde la convergencia de diversas disciplinas que estudien la sociedad y sus múltiples caras.
